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abril 12, 2012 in Sin categoría

Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para las Empresas

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Madrid, 12 de abril de 2012.- Transparencia Internacional presentó el informe “Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para las Empresas”, un conjunto de medidas enfocadas a mejorar la transparencia y el buen gobierno en las entidades privadas y públicas en España.

Entre estos principios figuran: cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo;  implementación en la empresa de un código ético, aplicación de programas de cumplimiento normativo y canales de denuncias para la comunicación de posibles incumplimiento de las normas internas de la empresa o normas legales; información pública de las retribuciones de los directivos y administradores, sobre las contrataciones con el sector público, las actividades subvencionadas y las políticas de responsabilidad social corporativa; desarrollo de acciones para evitar prácticas que favorezcan la corrupción en el sector privado y en funcionarios extranjeros en las transacciones internacionales, y, por último, el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Transparencia Internacional también abordó en la rueda de prensa la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno, anunciada por el Gobierno de España a finales del pasado mes de marzo. Para la organización, esta ley genera razonables esperanzas de que en España se avance hacia un gobierno más abierto y responsable. Si bien, el verdadero reto del proyecto es la implementación efectiva de la norma. En opinión del presidente de la ONG, Jesús Lizcano, esta Ley debe mejorar antes algunos elementos importantes, como son, entre otros,  su sistema de control, que es poco independiente al estar supeditado en todo momento al Gobierno, y la regulación en el ámbito de las sanciones a políticos y funcionarios que incumplan las normas de transparencia.

La presentación del Informe corrió a cargo de Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España; Jesús Sánchez Lambás, director general de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón; Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos, y Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

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