El jurista hispano argentino, exmagistrado del Tribunal Supremo y maestro de varias generaciones, ha sido patrono de la Fundación Ortega-Marañón hasta su fallecimiento y director de su Seminario de Derecho Penal.

Madrid, 16 de julio de 2026.- Hay juristas cuya influencia se mide por las leyes que ayudaron a interpretar, las sentencias que contribuyeron a construir y los libros que permanecen en las bibliotecas. La del jurista Enrique Bacigalupo se reconoce, además, en las generaciones de penalistas que encontraron en él a un maestro exigente, generoso y abierto al debate. Su fallecimiento deja una profunda ausencia en el ámbito jurídico español e iberoamericano y, de manera muy especial, en la Fundación Ortega-Marañón, de cuyo Patronato ha formado parte hasta su muerte y donde dirigió el Seminario de Derecho Penal.

Nacido en Buenos Aires en 1938, Bacigalupo desarrolló una trayectoria vinculada a dos países y guiada por una misma vocación: pensar el Derecho como instrumento de protección de la libertad y la dignidad humana. Se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró y ejerció como profesor de Derecho Penal. Entre 1973 y 1974 desempeñó el cargo de procurador del Tesoro de la Nación Argentina, antes de que la violencia política y la intolerancia lo obligaran a abandonar su país.

El exilio lo condujo primero a Alemania, donde desarrolló parte de su actividad académica, y posteriormente a España. Madrid terminó convirtiéndose en el centro de una carrera universitaria y judicial excepcional. Fue catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, desempeñó responsabilidades en el Tribunal Constitucional y, en 1987, ingresó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la que formó parte hasta su jubilación en 2011.

En el alto tribunal participó en algunas de las causas más relevantes de la historia judicial española reciente. Su trabajo contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la moderna dogmática penal y a la incorporación de nuevos criterios sobre la responsabilidad, la imputación objetiva y el Derecho penal económico. Entre sus resoluciones más estudiadas figura la sentencia sobre el denominado caso del aceite de colza, considerada una referencia para abordar jurídicamente las consecuencias derivadas de riesgos colectivos y cadenas complejas de responsabilidad.

Tras concluir su etapa en el Tribunal Supremo, continuó su actividad profesional como socio de DLA Piper, una de las mayores firmas jurídicas internacionales. Desde el ejercicio privado de la abogacía trasladó su extensa experiencia judicial y académica al asesoramiento sobre asuntos penales y jurídicos de especial complejidad, manteniendo una intensa vinculación con el Derecho penal y con el debate doctrinal. Posteriormente, dirigió el bufete A25.

Sin embargo, su legado desborda ampliamente los límites de la jurisprudencia y la práctica profesional. Bacigalupo entendió la universidad como un espacio de libertad intelectual, transmisión del conocimiento y responsabilidad pública. Publicó numerosas obras de referencia, participó en proyectos académicos a ambos lados del Atlántico y recibió el doctorado honoris causa de distintas universidades latinoamericanas.

En 2011, la Universidad de Chile le concedió su máxima distinción académica, reconociendo una trayectoria marcada por el rigor intelectual, la investigación constante y la generosidad en la transmisión del conocimiento. Su relación con esta universidad ilustra bien su capacidad para tender puentes entre Europa y América Latina.

Bacigalupo fue uno de los impulsores del Máster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa, desarrollado con la colaboración del entonces Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Gracias a su iniciativa, profesores españoles, alemanes, italianos y chilenos participaron en un proyecto académico que contribuyó a fortalecer el intercambio jurídico entre ambas orillas del Atlántico.

A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones académicas y judiciales que dan cuenta de la dimensión internacional de su trayectoria. Entre ellas figuran la Medalla del Tribunal Constitucional, concedida en reconocimiento a sus actividades relevantes al servicio de esta institución; la Medalla de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y la Medalla de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.

Desde 1983 fue, además, miembro de honor de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas. En 1993, la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, le otorgó una Distinción Académica Extraordinaria por su condición de personalidad eminente en el campo jurídico-penal.

Su prestigio fue reconocido también con la distinción de Gran Oficial de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, de la República de Colombia; la Gran Cruz de la Academia Colombiana de la Abogacía y la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, Bundesverdienstkreuz de primera clase. Estos reconocimientos reflejan no solo la influencia de su producción jurídica, sino también su contribución al fortalecimiento de las relaciones académicas, judiciales e institucionales internacionales.

Esa vocación iberoamericana encontró un espacio natural en la Fundación Ortega-Marañón. Su pertenencia al Patronato no fue meramente honorífica. Bacigalupo participó activamente en la vida intelectual de la institución y dirigió el Seminario de Derecho Penal, desde el que promovió el estudio riguroso, la actualización jurídica y el diálogo entre magistrados, profesores, abogados y estudiantes. Este seminario se convertiría a la postre en una verdadera escuela de relevantes juristas.

Para la Fundación, representó una manera de entender el Derecho inseparable del pensamiento crítico, la cultura democrática y la cooperación académica internacional. Su trabajo ayudó a consolidar la institución como un espacio de encuentro para el análisis jurídico y el debate sobre los grandes desafíos de las sociedades contemporáneas.

Su reflexión estuvo siempre conectada con las cuestiones políticas y morales de su tiempo. En la entrevista concedida en Madrid en 1994, defendía la necesidad de superar la rigidez institucional, fortalecer una verdadera cultura de pactos y comprender que los derechos fundamentales no proceden únicamente de su reconocimiento constitucional, sino de la dignidad de la persona.

Sostenía que un sistema moderno de derechos fundamentales debía partir de una idea esencial: lo que requiere justificación no es el ejercicio de la libertad, sino su limitación. Los derechos, afirmaba, debían poder ejercerse sin necesidad de una autorización previa, mientras que correspondía a los poderes públicos justificar cualquier restricción.

Esta convicción atravesó buena parte de su pensamiento y expresó su compromiso con un Derecho penal sometido a garantías, alejado de arbitrariedades y atento a las consecuencias humanas de las decisiones judiciales. Su reflexión nunca quedó encerrada en el estudio técnico de las normas, sino que se proyectó sobre las condiciones políticas, económicas y sociales necesarias para sostener una convivencia libre.

Bacigalupo advirtió también de los riesgos que la desigualdad y la pobreza representan para la estabilidad política y la democracia. En aquella misma conversación sostuvo que la pobreza era, probablemente, el peor enemigo de la estabilidad política y democrática.

Enrique Bacigalupo perteneció a una tradición de juristas para quienes el Derecho no podía reducirse a una técnica neutral ni a la aplicación mecánica de las leyes. Exigía interpretación, sentido crítico y conciencia de sus efectos sobre la vida de las personas. Su propia biografía —marcada por el exilio, la reconstrucción profesional y el encuentro entre distintas culturas jurídicas— reforzó esa convicción.

Quienes compartieron con él aulas, tribunales, despachos y proyectos académicos recordarán su inteligencia analítica, su independencia de criterio y su voluntad constante de someter las ideas a discusión. Su obra permanece en la doctrina y en la jurisprudencia, pero también en una comunidad jurídica internacional que ayudó a construir mediante el magisterio, la conversación y la colaboración entre instituciones.

La Fundación Ortega-Marañón despide a uno de sus patronos más vinculados al conocimiento jurídico y a la cooperación iberoamericana. Con Enrique Bacigalupo desaparece una de las grandes figuras contemporáneas del Derecho penal, pero permanece una enseñanza esencial: que el rigor jurídico solo alcanza su verdadero sentido cuando se pone al servicio de la libertad, la dignidad humana y la democracia. Hoy, 16 de julio de 2026, la Fundación llora su pérdida y despide, con profunda gratitud, a uno de los grandes juristas de nuestro tiempo y de nuestra democracia.

Fotografía de archivo: El jurista Enrique Bacigalupo con Su Majestad el Rey Felipe VI en la Fundación Ortega-Marañón, 2020.