Por Gemma Pinyol-Jiménez.

Las imágenes de miles de personas entrando en Ceuta activaron de manera casi automática una expresión que Europa conoce bien: “crisis migratoria”. La etiqueta apareció (y sigue apareciendo) rápidamente en titulares, declaraciones políticas y debates públicos. Sin embargo, utilizarla como principal explicación de lo ocurrido puede llevarnos a interpretar mal el episodio. Porque lo sucedido en Ceuta no fue únicamente —y quizá ni siquiera principalmente— una cuestión migratoria. Fue un episodio de presión política en el que el movimiento de personas fue utilizado como un ejercicio de desestabilización de la integridad territorial de un Estado, con consecuencias que también afectan al marco europeo.

Esta distinción es importante. No se trata de negar que hubo personas que cruzaron una frontera ni de ignorar los problemas humanitarios y de gestión derivados de una llegada masiva en un espacio tan reducido. Se trata de preguntarse si las categorías que utilizamos para describir los hechos nos ayudan realmente a comprenderlos y, en este sentido, darles respuesta y prevenirlos.

Ceuta tiene una situación excepcional. Es una ciudad española situada en el norte de África, rodeada por el mar y haciendo frontera con Marruecos, con una superficie limitada y una población de alrededor de 80.000 habitantes. Una entrada de decenas de miles de personas en apenas unas horas supone, por tanto, una presión extraordinaria en su cotidianidad, en sus servicios públicos, sus infraestructuras y sus mecanismos de acogida. El impacto inmediato fue indiscutible, así como la buena (y rápida) capacidad de reacción de la mayoría de la población ceutí.

Pero hay otro dato igualmente importante: una parte abrumadoramente mayoritaria de quienes habían entrado regresó a Marruecos en muy poco tiempo. Y esto obliga a introducir un matiz fundamental. La migración suele implicar un proyecto con cierta continuidad: abandonar el lugar de residencia, asumir costes económicos y personales y tratar de establecerse en otro territorio, aunque sea inicialmente de forma precaria. Ese patrón no parece explicar por sí solo un movimiento caracterizado por una entrada masiva seguida de un retorno también masivo y extremadamente rápido.

Naturalmente, entre quienes llegaron a Ceuta había personas con verdaderas expectativas migratorias. Algunas probablemente pretendían permanecer en España o continuar posteriormente hacia otros países europeos. Muchas de ellas están, aún hoy, esperando, en las calles y playas de Ceuta, ser correctamente atendidas para poder solicitar protección internacional. Más de 140 personas fallecieron en el intento de entrar a nado a Ceuta, siguiendo noticias falseadas que hablaban de la imposibilidad de devolución si se entraba por vía marítima.

Pero por todo esto es importante precisar qué fue exactamente lo que se instrumentalizó. No fue la inmigración, sino la movilidad de las personas. La diferencia puede parecer semántica, pero es esencial para comprender lo ocurrido.  “Inmigración” no funciona en el debate público europeo como una categoría descriptiva neutral. Después de años de securitización del fenómeno migratorio, la palabra activa un marco mental muy concreto. Hablar de inmigración remite inmediatamente a otros conceptos que se han ido asociando a ella: frontera, descontrol, inseguridad, invasión, amenaza. Por eso describir automáticamente lo sucedido como una “crisis migratoria” no solo explica los hechos; también determina desde qué marco político serán interpretados y, en buena medida, qué respuestas parecerán razonables ante ellos.

Por eso, ante lo sucedido, se deben plantear algunas preguntas. Si el mismo movimiento de personas se define como una operación de presión de Marruecos sobre una frontera exterior de la Unión, las preguntas son unas. ¿Por qué se relajaron los controles? ¿Qué pretendía Rabat? ¿Cómo debe responder España? ¿Qué obligaciones de solidaridad tienen los demás Estados miembros? Si se define, en cambio, como una crisis migratoria, las preguntas cambian inmediatamente: ¿cómo impedir que entren más personas?, ¿cómo devolverlas?, ¿cómo reforzar las fronteras?, ¿cómo evitar que lleguen al resto de Europa? Los hechos pueden ser los mismos. El marco desde el que se interpretan, no. En este sentido, algunas cuestiones que vale la pena apuntar son ¿cómo fue posible que un movimiento de semejante magnitud se produjera en tan poco tiempo? ¿Quién lo promovió, animó o facilitó? Y, ¿quién obtiene un beneficio de esta situación y cuál es?

Las dos primeras preguntas obligan inevitablemente a mirar hacia Marruecos. Resulta difícil pensar que decenas de miles de personas pudieran desplazarse hasta la frontera y cruzarla en un espacio de tiempo tan reducido sin que se produjera, como mínimo, una relajación de los controles por parte de las autoridades marroquíes. No hace falta afirmar que existió una operación organizada directamente desde Rabat para reconocer que un movimiento de estas dimensiones difícilmente podría haberse producido con el funcionamiento ordinario de los dispositivos de vigilancia fronteriza.

A ello hay que añadir el papel de las redes sociales. En las horas anteriores y durante el episodio circularon mensajes que aseguraban que la frontera estaba abierta y que era posible entrar en España. La difusión de esa información —fuera espontánea, inducida o amplificada deliberadamente— contribuyó a transformar una situación excepcional en un movimiento colectivo de enormes dimensiones. Para que decenas de miles de personas se desplacen en tan poco tiempo no basta con que exista una oportunidad: es necesario también que esa oportunidad sea conocida, compartida y percibida como real. Ya va siendo habitual ver que las fake news generan brotes de odio y violencia: que también generen muertes da magnitud al problema con el que se enfrentan las democracias actuales.

Para Marruecos, permitir como mínimo pasivamente la movilidad de miles de personas puede convertirse en un instrumento de presión sobre España. Pero el efecto político se multiplica cuando esa movilidad es reinterpretada como una amenaza migratoria. A partir de ese momento aparecen otros beneficiarios que ni siquiera necesitan haber participado en la creación inicial de la situación.

Las imágenes de Ceuta fueron inmediatamente aprovechadas por Donald Trump y el movimiento MAGA para presentar a España como ejemplo de las consecuencias de unas fronteras supuestamente débiles. También deben situarse en un escenario geopolítico más amplio, marcado por el acercamiento entre Marruecos, Estados Unidos e Israel y por los intereses de Rabat alrededor del Sáhara Occidental. Esto no permite afirmar que exista una estrategia coordinada entre estos actores, pero sí obliga a entender que lo ocurrido no puede analizarse al margen de las relaciones de poder en las que está inserto.

Ahora bien, los beneficiarios no se encuentran únicamente fuera de la Unión Europea. Cualquier actor interesado en debilitar el proyecto europeo obtiene una ventaja cuando la movilidad de personas en una frontera exterior consigue transformarse en miedo a la inmigración dentro de los Estados miembros. Y pocos actores han aprendido a explotar ese mecanismo con tanta eficacia como la extrema derecha.

En España, esta batalla se ha visto con especial claridad. El debate migratorio está alcanzando un grado de polarización que dificulta enormemente la posibilidad de adoptar medidas claras y sostenidas en el tiempo. Las políticas dejan de evaluarse únicamente por su eficacia o por su respeto a los derechos y pasan a juzgarse por su posición dentro de una batalla identitaria. En un escenario así, cada nuevo episodio fronterizo alimenta posiciones previamente construidas en lugar de permitir una discusión sobre qué está ocurriendo realmente.

Hablar de “invasión” no ayuda en nada. De hecho, llevado hasta sus últimas consecuencias, ese marco podría conducir incluso a plantear la intervención de la OTAN ante una supuesta agresión a la integridad territorial de uno de sus miembros. La afirmación debería sonar entre absurda y exagerada. Y si no lo hace, quizá sea precisamente porque el marco ya ha ganado: hemos aceptado interpretar la movilidad de personas con las categorías propias de una agresión militar.

Tampoco ayuda recurrir a una concepción nativista de la identidad, buscando en tiempos en los que España ni siquiera existía argumentos para decidir quién pertenece hoy al país y quién no. Conviene recordar algo bastante más elemental: hay españoles y españolas musulmanes. Y, por cierto, algunos de ellos viven en Ceuta, precisamente la ciudad que, supuestamente, se quiere “defender” desde otras partes de España. Una defensa que cuestiona implícitamente la pertenencia de una parte de su propia ciudadanía encierra una contradicción difícil de ignorar.

Ese es uno de los principales éxitos de utilizar el marco migratorio. Una cuestión de movilidad provocada o facilitada en un contexto de tensión geopolítica acaba convertida en una discusión interna sobre inmigración. Marruecos ejerce presión sobre España y España termina discutiendo consigo misma.

Pero el efecto más preocupante se produce a escala europea. Si lo ocurrido en Ceuta fue, como sostuvo el Gobierno español, una presión sobre la integridad territorial de España, entonces estamos ante una presión ejercida también sobre una frontera exterior de la Unión Europea. Desde esa perspectiva, la respuesta lógica de los demás Estados miembros debería haber sido, en primer lugar, la solidaridad con España y la defensa conjunta de una frontera común. Sin embargo, una parte importante de la reacción política europea consistió en reclamar más controles y cuestionar Schengen. La presión se produjo en una frontera exterior, pero algunas de las respuestas propuestas consistían en reforzar las fronteras interiores. La contradicción es enorme. Y también políticamente reveladora.

Por eso, la ausencia de solidaridad con España abre una brecha que va mucho más allá de la gestión de Ceuta. Si ante una presión exterior cada Estado empieza a pensar primero en proteger su propia frontera nacional, la lógica sobre la que se construyó Schengen empieza a invertirse. La frontera común deja de percibirse como común y cada gobierno vuelve progresivamente a la lógica del repliegue nacional.

Ese resultado beneficia a cualquier actor externo que tenga interés en una Unión Europea más débil, más fragmentada y menos capaz de responder conjuntamente a las presiones externas. Pero, dentro de la propia Unión, hay un actor que ha aprendido a explotar especialmente bien estas brechas: la extrema derecha. Durante años, buena parte de la extrema derecha europea defendió abiertamente abandonar la Unión y recuperar las fronteras nacionales. Esa estrategia tenía un recorrido limitado, porque la ciudadanía valoraba enormemente las ventajas concretas de la integración, y especialmente la posibilidad de moverse por el espacio Schengen sin fronteras interiores.

Por eso, tocaba un cambio de estrategia. Es mucho más eficaz vaciar progresivamente de contenido algunos de los pilares de la Unión Europea. Y pocas cuestiones ofrecen para ello tantas oportunidades como el uso espurio de la inmigración, precisamente porque el marco de amenaza que se ha construido a su alrededor permite presentar como necesarias medidas que, en otras circunstancias, resultarían difícilmente aceptables. Esto es el éxito de la securitización, y tiene consecuencias.

En España, alimenta una polarización que hace cada vez más difícil discutir y adoptar políticas migratorias eficaces, garantistas y sostenibles. En la Unión Europea, debilita la solidaridad entre Estados miembros. Este es probablemente el éxito político más importante de la extrema derecha. No necesita conseguir que mañana desaparezca Schengen ni convencer a otro país para abandonar la Unión. Le basta con conseguir que, ante cada nueva situación presentada como una “crisis migratoria”, aceptemos un poco más fácilmente una excepción, un nuevo control o una restricción adicional. Que aquello que debería parecernos excepcional empiece a parecernos razonable y, finalmente, inevitable.

Y ahí está el gran contrasentido actual. Quienes dicen querer proteger la Unión Europea de una supuesta amenaza exterior pueden terminar debilitando aquello que hace posible el proyecto europeo: la confianza entre sus Estados, la solidaridad frente a las presiones externas, la libre circulación y un espacio compartido de derechos y de bienestar. No hace falta acabar con la Unión Europea para debilitarla. Basta con conseguir que, por miedo, empecemos a renunciar a aquello que pretendíamos defender. Recogiendo la paradoja liberal de Hollifield, ¿qué sentido tiene defender los valores europeos si, para protegernos de quienes supuestamente los amenazan, estamos dispuestos a renunciar a ellos?

Gemma Pinyol-Jiménez es directora de políticas migratorias y diversidad en Instrategies e investigadora asociada GRITIM-UPF. Profesora del Máster en Políticas y Gestión de las Migraciones y el Asilo.

Nota: Las opiniones expresadas en los artículos firmados de este blog corresponden exclusivamente a sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de la Fundación Ortega-Marañón.