Si bien, la puntuación de España se mantiene igual que el año anterior, es relevante destacar que en los dos años precedentes experimentó dos descensos consecutivos, disminuyendo un punto en 2022 y otro más en 2021. A pesar de mantenerse igual respecto al año anterior, la tendencia a la baja en los dos años anteriores evidencia un estancamiento y desafío persistente para avanzar en la prevención y lucha contra la corrupción.

En esta edición España se sitúa junto con países como San Vicente, las Granadinas o Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Catar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180)1.

El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos años anteriores, pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos. Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó siete puntos. En el año 2019 experimentó una mejora, que pudo mantener en el 2020, pero que ha descendido hasta la puntuación obtenida en el IPC 2022 y en el IPC 2023. En este sentido, España no logra remontar a la puntuación que tenía hace ocho años, si bien la diferencia es mucho menor: seguimos con cinco puntos menos de los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65/100.

En la metodología seguida en el IPC solo se puede afirmar que hay una mejora significativa en la posición de un país cuando este logra elevar su puntuación de manera continua en años consecutivos. España no debe conformarse con la posición actual que nos sitúa por debajo de países que hace dos años estaban claramente lejos en su posición, como pueden ser Israel o Cabo Verde.

El ascenso en la puntuación requiere esfuerzos sustanciales a nivel institucional, normativo y jurisdiccional. La experiencia previa nos ha enseñado lo vulnerable que puede ser la posición de un país cuando los compromisos políticos no son reales y las medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción no se logran implementar de forma efectiva.

España tiene que emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición en próximas ediciones. Es preciso no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Será esencial recuperar el buen funcionamiento de las instituciones -como por ejemplo la renovación del Consejo General del Poder Judicial- y llevar a cabo reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público como la reforma de la Ley de Transparencia, la supresión del programa de visados dorados (Golden Visas), la mejora de la transparencia parlamentaria, la creación de la autoridad independiente de protección del informante o el impulso de la regulación de un registro de grupos de interés obligatorio.

La presentación del Informe de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional corrió a cargo de Silvina Bacigalupo, presidente de la organización, junto con los expertos, miembros del comité ejecutivo, Manuel Villoria, Aurea Moltó y David Martínez. El inicio del acto contó con unas breves palabra de la directora general de la Fundación Ortega-Marañón, Lucía Sala Silveira.